EDITORIAL: EUROPA ARDE: ¿ESTÁ ESPAÑA PREPARADA PARA EVITAR EL CAOS?. La violencia en las calles, los edificios incendiados, los comercios asaltados y el desafío a la autoridad son una advertencia para unos gobiernos que no pueden permitirse mirar hacia otro lado. Las imágenes que llegan de París y otras ciudades europeas deberían hacer reflexionar seriamente a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Cuando las protestas derivan en incendios, ataques, destrucción de bienes públicos y cócteles incendiarios, ya no estamos hablando únicamente de reivindicaciones sociales, sino de un grave problema de orden público y convivencia democrática.

¿Puede suceder en España? Nadie puede descartarlo. Las tensiones sociales, el descontento económico, la crisis de la vivienda y la creciente desconfianza hacia las instituciones pueden convertirse en combustible para nuevas movilizaciones. El peligro aparece cuando determinados grupos consideran que la violencia es una herramienta legítima para imponer sus objetivos. Un Estado democrático no puede mostrar debilidad ante quienes pretenden sustituir la ley por la intimidación. El Gobierno y las administraciones competentes tienen la obligación de anticiparse, proteger a los ciudadanos y garantizar que los responsables de actos violentos respondan ante la justicia. La firmeza policial, siempre dentro de la legalidad y con respeto a los derechos fundamentales, no es autoritarismo: es una obligación del Estado.

Pero también hay una responsabilidad política ineludible. Los gobernantes no pueden limitarse a reaccionar cuando las calles ya están fuera de control. Deben escuchar el malestar ciudadano, ofrecer soluciones y evitar que la polarización se convierta en una forma permanente de hacer política. Y los partidos deben demostrar que condenan la violencia sin excepciones ni cálculos partidistas.

Tampoco se puede confundir a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente con quienes incendian, saquean o atacan. Defender el derecho a protestar no significa tolerar delitos; exigir seguridad no significa recortar libertades. España debe tomar nota antes de que una crisis estalle, no después de que las imágenes de destrucción ocupen los informativos. La prevención, la autoridad democrática y la responsabilidad política son imprescindibles.

La pregunta ya no es si debemos preocuparnos por lo que sucede en Europa, sino si nuestras instituciones están preparadas para responder con eficacia si una situación semejante llegara a nuestras calles. Porque cuando el Estado pierde capacidad para garantizar la seguridad, quienes más sufren no son los poderosos, sino los ciudadanos de a pie. Por Rafael Gabaldón San Miguel.