El PP de Mallorca rechaza la regularización masiva de Sánchez por su impacto sobre la cohesión social y los servicios públicos

Magdalena García: “No se puede premiar la ilegalidad ni poner en riesgo la cohesión social y los servicios públicos de Mallorca”

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de este jueves para rechazar de manera rotunda la regularización masiva de personas en situación administrativa irregular anunciada por el Gobierno de España, una medida que el PP considera “improvisada, irresponsable y perjudicial para Mallorca”.

La iniciativa ha sido presentada hoy por el portavoz adjunto del Grupo Popular, Bernat Vallori, y por la vicepresidenta del IMAS y consellera electa, Magdalena García, quien ha advertido de que “esta regularización masiva vulnera el Estado de derecho, premia la ilegalidad y castiga a quienes cumplen la ley”.

Según recoge la moción, el acuerdo anunciado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos podría afectar a más de 500.000 personas en todo el Estado, de las cuales 10.800 corresponderían a las Illes Balears, lo que supone “un impacto directo sobre la capacidad de integración, los servicios públicos y la cohesión social de Mallorca”.

“Enviar el mensaje de que entrar de manera irregular acaba con una regularización es alimentar el efecto llamada y hacer el juego a las mafias que trafican con personas”, ha denunciado García. “Es una decisión que no tiene en cuenta ni la realidad insular ni la capacidad real de acogida e integración de nuestro territorio”.

La vicepresidenta del IMAS ha remarcado que “Mallorca ya soporta una presión muy elevada sobre los servicios sociales, la vivienda y los recursos públicos”, y ha insistido en que “cualquier política migratoria debe ser ordenada, responsable y consensuada con las administraciones autonómicas y locales”.

Por este motivo, la moción reclama:

• Rechazar la regularización masiva anunciada por el Gobierno de España, por considerarla irresponsable y perjudicial.

• Exigir la paralización inmediata de esta medida y la apertura de un diálogo serio con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

• Instar al Gobierno central a desarrollar una política migratoria ordenada, segura y coherente, con control efectivo de fronteras y cooperación con los países de origen.

• Garantizar que cualquier decisión tenga en cuenta la capacidad real de integración de la sociedad mallorquina.

“No estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de la improvisación y de las decisiones que ponen en riesgo la convivencia y los servicios públicos”, ha concluido Magdalena García. “Mallorca necesita políticas migratorias responsables, no anuncios ideológicos pensados desde Madrid sin escuchar al territorio”.