El concejal portavoz del Grupo Municipal de Manacor y coordinador de VOX en Manacor, Esteban Sureda Suñer, ha estado este viernes día 3 de mayo de 2024 por la mañana, en el Ayuntamiento de Palma, visitando a los concejales del Grupo municipal de Palma, y conversando con el líder y vicepresidente de VOX Baleares, Fulgencio Coll.

VOX Manacor se prepara para una oposición rigurosa y activa en Manacor y exigirá el Derecho a disponer de medios materiales y personales. Este derecho se supedita a la disponibilidad de la Corporación, y abarca la disposición de locales para reunirse de forma independiente, y de los medios materiales y personales necesarios para desarrollar la labor que la legislación les encomienda como grupo de oposición. Esta previsión general está contemplada, con cierto grado de detalle, tanto en los artículos 27 y 28 del ROF como en el artículo 170 del TRLMC, que establece las siguientes previsiones:

a. El deber del Ayuntamiento de facilitar a los grupos municipales los medios humanos y materiales mínimos e indispensables para que puedan desarrollar sus funciones, determinándose los criterios y condiciones de su utilización por acuerdo del Pleno. b. La obligación, en los municipios de más de 2.000 habitantes, de que todos los grupos municipales dispongan de un espacio para el desarrollo de sus actividades, que debe estar situado preferentemente en la sede del propio Ayuntamiento o en un local habilitado al efecto, así como también de un espacio para celebrar reuniones en el mismo edificio de la Corporación.

Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. De este modo, en comparación con el derecho a la información que en su artículo 69.1 esta misma Ley reconoce a los vecinos, se configura respecto de los concejales un derecho más extenso que el que a cualquier ciudadano reconocen la LRJPAC y el propio artículo 69.1 de la LRBRL mencionado, dada la legitimación especialmente cualificada con la que actúan estos, al ostentar no solo una legitimación general como cualquier ciudadano o ciudadana, sino también una legitimación especial, derivada del cargo representativo, como representantes de los intereses globales de la ciudadanía.

Este derecho se configura, además, de una manera general pero en cierto modo incierta, sobre lo que deba entenderse por información necesaria para el ejercicio de su función, extremo que ha venido a ser matizado por la jurisprudencia, cuando señala que el derecho fundamental a la participación efectiva en la actuación pública se manifiesta en una amplia gama de asuntos concretos, entre los que cabe destacar el derecho a la fiscalización de las actuaciones municipales y al control, análisis, estudio e información de los antecedentes necesarios que obran en los servicios municipales, tanto para esta labor de control, como para documentarse con vistas a decisiones a adoptar en el futuro. Producto de ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así como todo el articulado de Mociones e impugnaciones, facilitar todos los expedientes a los regidores legitimados, etc.