VOX LLEVARÁ AL PLENO DEL CONSELL DE MALLORCA UNA MOCIÓN PARA EXIGIR LA SUPRESIÓN DEL REGISTRO DE VIAJEROS Y DEPURAR RESPONSABILIDADES POR EL DAÑO CAUSADO AL TURISMO BALEAR

El Grupo VOX en el Consell de Mallorca defenderá en el próximo Pleno una moción para exigir la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021, conocido como el "registro de viajeros", al considerar que se trata de una normativa desproporcionada, burocrática y gravemente perjudicial para el sector turístico de Baleares.

El portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca, David Gil, ha denunciado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su absoluto desprecio por las Islas Baleares y por el principal motor económico de nuestra tierra. Mientras miles de familias viven directa o indirectamente del turismo, el Ejecutivo socialista se dedica a asfixiar a nuestras empresas con más burocracia, más trabas y más costes".

Gil ha recordado que el Grupo VOX en el Consell de Mallorca ya presentó en su día una moción instando al Gobierno de España a no poner en marcha este registro de viajeros, advirtiendo de las graves consecuencias económicas y administrativas que tendría para el sector turístico.

"Desde VOX fuimos los únicos que alertamos de que esta normativa era un auténtico disparate y de que acabaría perjudicando gravemente a nuestras empresas turísticas. Lamentablemente, el Gobierno sanchista hizo oídos sordos y el tiempo nos ha dado la razón. Hoy queda demostrado que nuestras advertencias eran ciertas y que este decreto nunca debió entrar en vigor", ha afirmado David Gil.

El portavoz adjunto ha recordado que, pese a las reiteradas advertencias de las organizaciones empresariales y de los expertos del sector, el Gobierno mantuvo la entrada en vigor efectiva de esta normativa el pasado 2 de diciembre de 2024, obligando a hoteles, agencias de viajes, alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos a asumir importantes inversiones tecnológicas y administrativas para adaptarse a un sistema que ahora está siendo cuestionado por la Comisión Europea.

"Es un escándalo que el Gobierno sanchista obligara a miles de empresas a gastar dinero y recursos para cumplir una normativa cuya legalidad está hoy bajo sospecha en las instituciones europeas. Una vez más, Sánchez legisla de espaldas a la realidad, improvisa y son los ciudadanos y las empresas quienes terminan pagando las consecuencias de su incompetencia", ha afirmado.

"Estamos hablando de una normativa que transmite desconfianza hacia quienes nos visitan, que complica la actividad empresarial y que resta competitividad a nuestras empresas frente a otros destinos internacionales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a los empresarios turísticos en sospechosos y les ha impuesto funciones burocráticas que no les corresponden".

Asimismo, David Gil ha criticado que el Ejecutivo central haya sido incapaz de escuchar las demandas del sector y ha exigido no solo la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021, sino también la depuración de responsabilidades políticas por los perjuicios ocasionados a miles de empresas turísticas y trabajadores de Baleares.

"Quienes han provocado este daño deben dar explicaciones y asumir responsabilidades. No se puede gobernar a golpe de improvisación, poniendo en riesgo la competitividad de nuestra principal industria y el sustento de miles de familias de las Islas Baleares", ha concluido.